LA TRIBU YAQUI DESAPARECE

La Tribu Yaqui ha dejado de existir; “Desaparece…

Lic. Noel Luis Cárdenas

Instituto Tecnológico de Sonora

Solo me gustaría comentar, y comunicar a la vez, lo acontecido en el Estado de Sonora. Ha de saber que en las recientes horas se ha dado a conocer la noticia de que la Tribu Yaqui ha dejado de existir; así como lo oye, deja de existir de acuerdo al INAH. Y como tal, las comunidades, sus tradiciones y costumbres, han dejado de ser para convertirse en parte del pasado.

Por tales motivos, el Gobierno de Sonora, precedido por Guillermo Padrés Elías, ha logrado lo que ha querido hacer desde principios de este año, construir, por encima de todos y a pesar de todos, su proyecto INDEPENDENCIA.
Por otro lado, la Presidencia de la República (firmada por Calderón), a través de la PGR, y por un dictamen emitido por el INAH, han confabulado una atroz crimen contra una de las etnias más reconocidas de Sonora, el Pueblo Yaqui. Según una nota periodística (del jueves 14 de Abril), emitida por Tribuna del Yaqui, Sandra Barraza (corresponsal), informa que “Desaparecen nación Yaqui…

El INAH borró de la historia a la etnia sonorense, aun cuando es reconocida tanto en el ámbito nacional como internacional”. Las tres entidades antes mencionadas, han proclamado dentro de un litigio que los miembros de esta etnia ha desaparecido.

Habrá que recordar que entre 1937 y 1939, el Gral. Lázaro Cárdenas, concedió y ratificó a la etnia Yaqui el dominio de sus tierras, incorporándola al sistema nacional de ejidos y reconociendo la legitimidad de las autoridades tradicionales yaqui. Confirmando que el margen izquierdo del río Yaqui queda en poder de yori (hombre blanco) y la margen derecha en poder del pueblo yaqui.

Así dicho Acuerdo Constitucional de 1940 emitido por Gral. Cárdenas, nunca existió; por lo tanto, la lucha que nuestra comunidad, Cajeme, y de los Pueblos Yaquis, por el agua y el NO a la construcción del NOVILLO, da traste, y GUILLERMO PADRÉS ELÍAS tiene vía libre.

Al menos yo, y varios miembros de la comunidad, que respetamos las tradiciones y la cultura de nuestras etnias, estamos en desacuerdo con la forma de actuar y por la conducta desleal de este gobernador, ya que ve por sus propios intereses y pisotea, como se ha visto con la comunidad Yaqui, el orgullo y la dignidad de un pueblo que defendió históricamente su estatus para que viniera alguien y con un solo plumazo quieran desconocer a este pueblo.

De acuerdo a estas instancias, la comunidad yaqui no existe porque no existe registro poblacional, sin embargo algunas fuentes (como Red Escolar-fuente educativa- y el Encuentro de Pueblos Indígenas de América) afirman que actualmente la población Yaqui alcanza aproximadamente entre unos 32,000 a 40,000 habitantes, asentados en 52 localidades que están ubicadas en cuatro municipios.

Por otro lado, en Arizona existen unos 8,000 yaquis reconocidos. Este pueblo tiene su propia bandera, un sistema de gobierno definido como cualquier nación, una práctica religiosa y cultural compartida con la comunidad cajemense. Como se puede ver, la comunidad Yaqui existe.

Por otro lado, quien dice que el día de mañana, no quiera también desconocer a la etnia Mayo o Seri… Desde hace tiempo, Guillermo Padres Elías en lugar de empatizar con Cajeme (el municipio), ha provocado un gran descontento… Solo por enumerar algunas cosas, encontramos el desentendimiento del sentir de los Cajemenses ante la negativa de la construcción del Novillo; luego lo del SONORA SI que puso en la playera del equipo Yaquis de Obregón en la Serie del Caribe de este año; además, del desplante y desdén que hizo a los campesinos, ante las heladas que este municipio sufrió en los primeros tres meses, cuando en lugar de estar con ellos (para ver lo de los prestamos económicos) prefirió irse a la inauguración de una telenovela; y ahora sale con la manipulación para lograr que el INAH desconozca la existencia de la Comunidad Yaqui.

Ahora, cual es mi inquietud… que se haga justicia y se de a conocer estos ataques a las comunidades étnicas (porque quien sabe que otra venga en la lista) de un gobierno dictador que si no consigue lo que quiere por los medios legales, lo consigue a través de sobornos o con el uso y abuso de su poder…
El Señor te bendice a cada momento…
Lic. Noel Luis Cárdenas
Instituto Tecnológico de Sonora
Departamento de Psicología
Docente Auxiliar – Enero-Mayo 2011

P1020128

LEY DE CONSULTA INDIGENA

Para concertar el despojo capitalista

Carlos González García

El anteproyecto de Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas que actualmente es “consultado” a lo largo del país por las comisiones de asuntos indígenas del Congreso de la Unión en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es más que una mascarada indigenista que para nada busca aterrizar los derechos contenidos en el Convenio 169 de la OIT como lo presume su principal promotor, el diputado Teófilo García Corpus: en realidad representa la continuación de las políticas legislativas tendientes a otorgar certeza jurídica a la ocupación y el despojo capitalista de los territorios indígenas. Veamos.

En diversos puntos de la geografía indígena americana los pueblos originarios han tenido un relativo éxito en su lucha contra megaproyectos mineros, petrolíferos, carreteros e hidráulicos que buscan la apropiación privada de sus territorios, argumentando la violación al derecho de consulta previa contenido en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT que consiste en la obligación que tienen los Estados de consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Incluso existen casos llevados a los tribunales internacionales en los que pueblos y comunidades indígenas han obtenido fallos en contra de grandes empresas transnacionales sobre la base de acreditar la violación al derecho de consulta previa.

En dichas condiciones los poderosos intereses económicos que han vigorizado el despojo, más que sangriento, de los territorios indígenas en México, sobre todo para generar infraestructura carretera y con fines de explotación minera e hidráulica, tienen dos opciones: seguir enfrentando la resistencia indígena que encuentra en el derecho a la consulta previa un elemento político y jurídico nada despreciable o asimilar ese derecho a un marco normativo que lo transforme en un derecho nugatorio, es decir, ilusorio y dócil a las necesidades del capitalismo neoliberal.

Las grandes empresas transnacionales y los consejos patronales, en complicidad con los poderes del Estado, tal como ocurrió con la célebre Ley Bartlett-Cevallos, han optado por la segunda opción a través de la próxima aprobación de la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas que, por el contrario de lo que pregona la exposición de motivos, busca reducir derechos y otorgar legitimidad a las políticas públicas y actos jurídicos —decretos expropiatorios, concesiones sobre minas, aguas y zonas federales, etcétera— que favorecen intereses privados pero que afectan la vida y los territorios indígenas.

En primer lugar el anteproyecto de Ley tiene como finalidad central, más que proteger el derecho a la consulta previa, generar acuerdos entre comunidades indígenas, instituciones públicas y empresas privadas —aunque no se mencione en el texto de la iniciativa legal— orientados al despojo de los territorios indígenas al determinar que la consulta tiene como finalidad lograr el consentimiento, libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas (artículo 3 del proyecto); consentimiento que se expresará mediante acuerdos que acepten el proyecto original, modifiquen la realización del acto o establezcan condiciones para su ejecución (artículo 20).

El consentimiento que las comunidades habrán de otorgar y que deberá de traducirse en acuerdos firmes se refiere primordialmente a los actos de gobierno que actualmente están propiciando la apropiación capitalista de los territorios indígenas:  obra pública, expropiación de tierras, otorgamiento de concesiones y permisos para la explotación de recursos propiedad de la nación e imposición de modalidades a las propiedades de los núcleos agrarios (artículo 9). Se trata entonces de concertar el despojo ordenado y legal de los pueblos originarios después de que durante años han sido llevados deliberadamente a la miseria más extrema, en ausencia del reconocimiento constitucional de sus derechos fundamentales y en medio de una sospechosa y violenta guerra en contra del narcotráfico.

En segundo lugar resulta evidente, aunque no se diga textualmente, que la consulta prevista por la iniciativa legal no tiene efectos vinculatorios, es decir, no obliga a las instituciones interesadas, ni establece mecanismos concretos para el cumplimiento de posibles acuerdos, como tampoco señala las medidas de fuerza para obligar a las instituciones del Estado a acatar los resultados de las consultas en caso de que no les favorezcan (artículos 13 y 23). A fin de cuentas realizar las consultas indígenas es un mero requisito para las instituciones públicas, sin que el resultado de las mismas tenga el menor efecto jurídico.

Por otro lado nos parece curioso que los pueblos y comunidades participantes en la consulta deberán acreditar su personalidad según lo establezca la legislación de la entidad federativa correspondiente (artículo 12), aconteciendo que ni la Constitución Federal ni las leyes derivadas de ella reconocen la personalidad de los pueblos indígenas, mientras que las comunidades indígenas, al haber sido reconocidas en el año 2001 como simples entidades de interés público, gozan exclusivamente de la acotada personalidad que algunas veces se les otorga en la esfera meramente agraria.

Consideramos que a 15 años de que fueron suscritos los Acuerdos de San Andrés y a 10 años de su traición por la clase política mexicana, no existen condiciones para garantizar la realización de consultas a los pueblos y comunidades indígenas que preserven sus derechos y protejan sus territorios, pues, por un lado el asalto neoliberal en contra de los pueblos originarios, auspiciado por todos los poderes del Estado, es feroz y ninguna consulta frenará las ansias capitalistas por abrir minas, hacer carreteras y presas, así como propiciar la apropiación de las tierras, aguas, bosques, islas, playas, desiertos y saberes indios.

Por otro lado, el anteproyecto de ley que se propone es restrictivo y más bien está orientado a legitimar los actos de despojo en contra de los pueblos indígenas, en tanto que la Constitución y las leyes secundarias no permiten el ejercicio y la defensa efectiva de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. No nos quepa la menor duda, estamos frente a otra ley de muerte.

Suplemento la Jornada, Marzo 2011 

clip_image001

El grupo Venado Azul en Nurío, Michoacán , marzo 2001. Foto: Carlos Ramos Mamahua

CNI Nurio

Magdalena García Durán durante los trabajos del CNI, Nurío, marzo 2011. Foto: Prometeo Lucero

DESARROLLO RURAL EN REGIONES INDIGENAS

Generalmente se tiende a considerar que el desarrollo rural en regiones indígenas es un asunto técnico – antropológico, sin embargo, tratándose de una actividad que tiene como finalidad el de mejorar las condiciones de vida de la población indígena, éste tiene una mayor complejidad y profundidad, primero, porque busca transformar las estructuras socioeconómicas de una región o de un país para poder estar en condiciones de alcanzar un mayor bienestar; segundo, porque es en los modelos de atención en donde se fijan las estrategias sociales, las prioridades y objetivos del desarrollo de una región o de una nación; tercero, porque en los programas, se establecen los medios y estrategias para lograrlo y cuarto, porque con base en el análisis de los resultados alcanzados, se establecen acciones necesarias para que la población rural alcance su propio desarrollo.

En este sentido el desarrollo rural es la expresión de una política económica y social imperante, y en consecuencia, uno de los ejes principales que regula las actividades sociales y económicas. Por lo que, los modelos de atención, mediante su metodología implementada a través de proyectos específicos, son los instrumentos para materializar una política social.

En el contexto de modelos y programas de atención, la pobreza productiva de los grupos étnicos proviene de su exclusión en el manejo de los recursos, los cuales son administrados por los grupos de poder local y regional, a lo cual se le suma la situación económica imperante: control del mercado regional por los grupos de poder. De esta situación se infiere, que la búsqueda de un desarrollo en las regiones indígenas es un problema político, porque el desarrollo de una región está condicionado por los bloques de poder regional, y el poder en sí mismo, es en esencia político. En este sentido la política social se debe de orientar a garantizar ciertos niveles de bienestar a la población indígena de México, en particular debe de considerar esquemas o modelos específicos de producción, distribución y consumo, sin olvidar las soluciones tecnológicas adecuadas.(Cortez, C. y Penso, C; 1998)

A la población indígena se le considera el polo opuesto al desarrollo y una barrera para lograrlo, por lo que el Estado, ha generado una gran variedad de políticas públicas para mexicanizar al indio mediante intentos educativos, económicos, organizativos y hasta genéticos. La visión creada por el Estado acerca de las estructuras socio culturales de los pueblos indígenas en el sentido de que son un “sector atrasado”, aumentaron de cierto modo la visión peyorativa de la sociedad en general hacia lo indígena, así como el fomento tácito de la negación y rechazo de la misma sociedad indígena.

En este sentido, surge la pregunta acerca de las alternativas que pueden plantearse para diseñar un modelo de desarrollo que más allá de servir de etnocida, prevea los posibles cambios en las estructuras socio-culturales y promueva cambios positivos a favor de los pueblos indígenas involucrados.

FUENTE: Tesis MDR Ángel Espinoza

P1020149 

Fotografía: Familia Wirrarika en un paraje cercano a Tuxpan de Bolaños, Jalisco.

LOS TOJOLABALES Y EL NOSOTROS….

Carlos Lenkensdorf  (1926-2010)

Los tojolabales viven en Chiapas, al norte y este de Comitán, cerca de la frontera con Guatemala. No se sabe a ciencia cierta de cuántas personas se compone este pueblo. Son entre 50 mil y 80 mil habitantes. Los tojolabales hablan su lengua, viven una cultura propia de la cual son muy conscientes. En años recientes, este pueblo está viviendo un renacimiento cultural que se manifiesta, entre otras cosas, por el hecho de que comunidades completas que perdían su lengua, la están aprendiendo de nuevo. Un dato más, de ninguna manera secundario, es que los tojolabales viven en medio de la zona de conflicto o de resistencia que se formó a partir del primero de enero de 1994. Pertenecen, pues, a los pueblos que no se han plegado a los dictados del centro y que luchan por dignidad y justicia.

Hace casi treinta años llegamos a la región tojolabal con el fin de trabajar con este pueblo, de ponernos al servicio de ellos. Antes de cualquier actividad se nos presentó un problema. Si vamos a vivir en Francia, tenemos que aprender francés, si en Rusia el ruso y así en todas partes. Por consiguiente, si íbamos a vivir en la región tojolabal, nos tocaría aprender el tojolabal. Pero para aprender el idioma no había método ni diccionario ni maestro. Preguntamos a algunos tojolabales si podrían enseñarnos su lengua. Después de consultarlo con la comunidad respondieron que sí. Y con esto comenzó una aventura de experiencias no imaginadas ni soñadas.

La comunidad, que delegaba a algunos comuneros por turnos, decidió que se nos dieran clases por tres semanas. A los pocos días uno de nuestros maestros dijo: “ustedes son los primeros que quieren aprender de noso­tros. Aquí todos llegan a enseñarnos como si no supiéramos nada. Maestros, extensionistas, oficiales de la Reforma Agraria y de otras instancias del gobierno, doctores, padres y tantos más. Pero ustedes no”.

Una novedad de consecuencias profundas. Nos convertimos en alumnos de los tojolabales. Por esta razón cambió de raíz y desde el principio la relación. No representábamos a los que sí sabían frente a los que no, sino que los que sabían eran y siguen siendo los tojolabales. Nosotros no sabíamos lo que ellos sí.

Tal vez hay otra razón. A nosotros, sus primeros alumnos, no nos interesaba aprender cosas sobre los tojolabales como a veces lo hacen etnólogos y antropólogos. Nos motivaba insertarnos en la cultura tojolabal y su lengua nos servía de puerta de entrada. Obviamente los tojolabales así nos entendían, porque en otras ocasiones, cuando algunos antropólogos se acercaban a ellos para estudiar aspectos determinados de su cultura, no los aceptaban.

Desde el primer día ocurrió otro acontecimiento de consecuencias. Nosotros, acostumbrados por años a la educación formal, apuntábamos los asuntos que aprendíamos en los cuadernos y el pizarrón. Tratábamos de transcribir las palabras y frases que nuestros maestros nos enseñaban. Con esto, ellos se dieron cuenta de otra novedad: ¡su idioma se podía escribir! Siempre se les había dicho, el “dialecto” tojolabal no sirve para nada, porque no se puede escribir. Tiene sonidos para los cuales no hay letras. Les decían que el tojolabal no es una lengua ni un idioma como el castellano. Al ver el tojolabal en forma escrita, la relación entre los tojolabales y nosotros recibió una segunda modificación de fondo. Aprendíamos unos de otros. El aprendizaje se hizo mutuo: maestros tojolabales y alumnos hablantes del castellano, nos transformamos. Simultáneamente éramos educadores y educandos.

Con esto se inició el diálogo intercultural, en aquel entonces desconocido por todos los participantes. Todavía no se hablaba de interculturalidad, de diálogo entre las culturas. El castellano era la lengua nacional, de todos los mexicanos; no se hablaba de los pueblos y culturas originarios con derechos y costumbres. Éstos, simplemente, no se reconocían. Nos encontramos entonces los unos con los otros como iguales y, a la vez, diferentes.

El tojolabal, nos abrió la puerta hacia su cultura. Nos enseñó realidades no imaginadas y así nos dio y  nos da la posibilidad de ver su realidad desde la perspectiva tojolabal.

Pronto se establecieron cursos de alfabetización en tojolabal, y en esta y otra clase de contactos vivenciamos la idiosincrasia de esa cultura que empezó a cuestionar la cultura que nos había conformado y a noso­tros mismos.

La experiencia nos proporcionaba una razón particular para platicar y entender lo ocurrido. Les explicaba la manera de pasar exámenes en las escuelas de educación formal: cada alumno debe estar separado de los otros. El que mire lo que escribe el vecino o copie se descalifica a sí mismo. Los tojolabales respondían y daban sus razones por las cuales se habían juntado: “Mira hermano, cuando estamos en nuestras comunidades y se presenta un problema no vamos cada uno a nuestra casa para pensar el asunto y tratar de resolverlo individualmente, sino lo contrario. Nos juntamos para platicarlo, y juntos encontramos la solución. Aquí somos 25 alumnos. Por supuesto vamos a juntarnos para resolver el problema. Porque tenemos 25 cabezas que piensan mejor que una sola. También tenemos 50 ojos que ven mejor que dos. ¿No te parece?”

El nosotros representa una gran pluralidad de sujetos que se complementan entre sí. Por el condicionamiento cultural recibido podríamos pensar en una concepción social del nosotros, pero no se trata de esto. La razón de nuestra negación es la siguiente: los sujetos, constituyentes del nosotros pueden ser humanos y animales, plantas y manantiales, nubes y cuevas, cerros y valles, comales y ollas. Todos ellos compañeras y compañeros nuestros, llenos de vida con quienes nos toca convivir, respetar, aprender los unos de los otros. Por ello, un tojolabal quiere confesarse con el cura porque se enojó con la lumbre, maltrató el camino, “chingó” la olla, por coraje tiró el comal al piso, le pegó al perro sin motivo. Todos son delitos no enseñados en los catecismos ni por los religiosos, pero son faltas graves porque el hermano traicionaba la comunidad con estos hermanos y hermanas nuestros.

Fácilmente creemos elevarnos por encima de este comportamiento por considerarlo animista y anacrónico. En la sociedad dominante disponemos de las cosas, producimos montañas de basura y maltratamos a la naturaleza. El aire, la tierra y el agua sufren la contaminación, producto de la sociedad moderna. Los tojolabales, en cambio, viven en el contexto conformado por Nuestra Madre Tierra que nos sostiene y gracias a ella tenemos vida. Nos toca respetarla y darnos cuenta de la comunidad cósmica a la cual pertenecemos y, finalmente, es nuestra madre tierra que nos da aquello que hoy día llamamos conciencia ecológica.

Nuevamente se produce una fricción entre las dos cosmovisiones. De la perspectiva de que la Tierra es nuestra madre que nos ama y respeta, resulta que nosotros la respetemos y amemos. Desde la perspectiva occidental moderna, en cambio, la tierra es una mercancía que, conforme a la ley, podemos comprar y vender. Los propietarios manifiestan su libertad al disponer de la tierra según les dé la gana. Al cambiarse el artículo 27 constitucional en 1992, los tojolabales y muchos campesinos más se asustaron: “¿Cómo podemos vender a nuestra madre? Una mujer que se vende es una prostituta. ¿El gobierno quiere que prostituyamos a nuestra propia madre?” Así no hay ni diálogo ni interculturalidad sino imposición. La justificación que el cambio de la ley hizo a los campesinos propietarios no considera que nadie es propietario de su mamá.

FUENTE: Suplemento Ojarasca 164, La Jornada.

P1020128 - copia

EL MODELO FONDOS REGIONALES INDIGENAS

Actualmente los Fondos Regionales Indígenas funcionan como una instancia o ventanilla receptora de solicitudes de proyectos productivos, que las organizaciones o grupos concurrentes presentan para mejorar sus condiciones de vida, no han funcionado necesariamente como instancias aglutinadoras de los grupos de productores indígenas organizados, ni tampoco como espacios para discutir y planear sus proyectos con un enfoque comunitario, local o regional, sus procesos llevan otros caminos.

Por otra parte, existe poca concurrencia de otras instancias, por lo que se dificulta fortalecer técnica y financieramente los proyectos que son apoyados por los Fondos Regionales Indígenas; en este sentido, el modelo ha comenzado a desmembrarse al no contar con suficientes apoyos, toda vez que la actual política social es cada vez más estrecha, reduciéndose de manera sustancial los recursos destinados al desarrollo social por parte de la Secretaria de Hacienda.

Otra limitación del modelo es que la estructura de su base organizativa, se conformó con grupos indígenas de diferentes localidades con graves rezagos y carencias, lo cual ha llevado a los FRI a que su cobertura de atención sea excesiva en vez de intentar la consolidación productiva de los grupos ya beneficiados, contradictoriamente, las reglas de operación no permiten que un FRI apoye de manera consecutiva a una organización ya beneficiada hasta que la misma haya recuperado el monto del apoyo. (Barrón, A. 1995:219)

En este sentido, este modelo de atención, se suma al esquema neoliberal que descarga gran parte de la responsabilidad en la población indígena y en la sociedad civil para enfrentar su propia problemática; por otra parte, el modelo considera en su conceptualización la revolvencia (recuperaciones) de recursos económicos provenientes de los socios que han resultado beneficiados con un proyecto, esquema que no ha funcionado en esencia porque este modelo está diseñado como un instrumento más para reajustar los desequilibrios del mercado interno; por otra parte la cultura mercantilista no es parte de la idiosincrasia de los pueblos indígenas, en este sentido la actual estructura organizativa del Modelo  ha permitido al Estado distanciarse de los pueblos indígenas de una manera discrecional.

En teoría, el modelo de Fondos Regionales ofrece a los productores indígenas, la posibilidad de diversificar sus actividades productivas y obtener ingresos adicionales que les permiten complementar el ingreso. Se ha mantenido un crecimiento tanto en número de Fondos como del número de organizaciones o grupos de trabajo, en ese sentido ha constituido una estrategia propia de los Fondos y que ha logrado permanecer y trascender los cambios de administración.

Los diferentes actores sociales que intervienen en la operación del Programa, (funcionarios, dirigentes, técnicos, bloques de poder regional y beneficiarios) se inter relacionan dentro de una compleja red social multifactorial que va mas allá del contexto regional, dificultando que el modelo opere como está plasmado en el papel.

Dentro de los componentes metodológicos con que cuenta el modelo Fondos Regionales Indígenas, es que el capital social generado e integrado por los recursos recuperados que se encuentran en las distintas redes de organizaciones socias, se consideran para incrementar el capital social; la base social de las recuperaciones son las relaciones de confianza, reciprocidad y cooperación, este componente ha sido poco aprovechado en el desarrollo del Programa.

Persistentemente se ha hablado de desaparecer el Programa Fondos Regionales, cada administración que ha llegado al INI y actualmente a la CDI, han llegado con la intención de eliminar este programa , denostando el trabajo de los técnicos de la CDI como si ellos fueran los responsables de las fallas del modelo de atención; sin embargo cuando se dan cuenta del potencial socio político del programa, recapitulan manifestando que el programa se debe adecuar y se ven urgidos a presentar una propuesta de modificación a las reglas de operación del programa, situación que por diversos factores nunca consultan con el sujeto de atención, por otra parte, es pertinente aclarar, que el hecho de modificar anualmente las reglas de operación no significa adecuar ni rediseñar un programa o modelo de atención.

Otra constante en los FRI son los bajos índices de recuperación, debido principalmente a los bajos montos de los apoyos y a las características de los proyectos, sobre todo de aquellos que se realizan con actividades tradicionales y que no son considerados como rentables, el origen de las recuperaciones generalmente difiere según la tipología del proyecto, las cuales son escasas en los proyectos de apoyo a la producción de básicos; por otra parte los apoyos se han otorgado no pensando en que el recurso se da para un proyecto, si no para poder mitigar una urgencia.

FUENTE: Tesis MDR Ángel Espinoza, abril 2009.

P1040192

Fotografía: Sede del pueblo indígena de Mazatan, Jalisco, Mpio. de la Huerta, 2010.

IDH PUEBLOS INDIGENAS EN MEXICO

El diputado Teófilo Manuel García Corpus, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, afirmó que el índice de desarrollo humano de algunas comunidades indígenas en México está por debajo de los pueblos más pobres de África.
En el foro de información sobre la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, organizado por las comisiones de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, García Corpus afirmó que en todos los rubros de desarrollo social y económico son mayores los rezagos de la población indígena.
“Cerca de 12 millones de indígenas en el país en su mayoría se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema”, enfatizó.
Añadió que, de acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), más de 71 por ciento de la población indígena se encuentra en pobreza multidimensional, lo que contrasta con el 44 por ciento estimado para la población nacional.
García Corpus dijo que la prevalencia de desnutrición infantil crónica es de 38 por ciento y 72 por ciento de la población indígena no es derechohabiente de alguna institución federal de salud. En materia de infraestructura básica la tercera parte de viviendas carece de agua entubada y, más de la mitad, de drenaje.
En términos de educación, añadió que la escolaridad de este sector es apenas de 4.7 grados, mientras que a nivel nacional es de 8.5 grados; 55 por ciento de los adultos indígenas no asistieron a la escuela o no completaron la educación primaria, frente al 29 por ciento que representa la población no indígena a nivel nacional; sólo 3 por ciento completó al menos un año de educación superior, contra el 15 por ciento nacional.
Además, cuatro de cada 10 mujeres son analfabetas, frente una de cada 10 mujeres a nivel nacional y su escolaridad es de cuatro frente a 8 grados del nivel nacional; asimismo, una de cada dos jóvenes indígenas de entre 15 y 24 años de edad se dedica a las labores domésticas.
Manifestó la necesidad de contar con un instrumento jurídico que obligue al Estado mexicano a consultar, informar y comentar con los pueblos y comunidades indígenas las acciones a realizar y los resultados que impactarán en su entorno, vida cotidiana, usos y costumbres e identidad cultural.
Se busca obtener un ordenamiento jurídico que haga efectivo el ejercicio del derecho de consulta previa como instrumento para el acceso a otros derechos; con su aprobación se establecerían bases, requisitos e instrumentos jurídicos que permitirían participar en igualdad de condiciones “en el diseño de país que todos queremos construir”.
El Estado, explicó, contaría con un instrumento que permita el diálogo intercultural para conocer opiniones y necesidades de los pueblos y comunidades indígenas y tomarlas como base para la elaboración de planes y programas que les afecten.
El objeto de la ley es establecer lineamientos que garanticen a los pueblos y comunidades indígenas el derecho a la consulta y establece como derecho de los pueblos y comunidades indígenas ser consultados cuando el Estado prevea medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente y se garantice el acceso a este derecho, mediante procedimientos adecuados y a través de las autoridades e instituciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas.
Al inaugurar el evento, el senador Andrés Galván Rivas, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, afirmó que existen tratados internacionales signados por México, así como los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, que hacen obligatorio legislar en esta materia
Añadió que el presupuesto se debe aplicar con orientación que respete la pluralidad étnica del país, pues se ejerce de manera transversal con visión homogénea “y necesitamos que sea con reconocimiento pluriétnico; que cada peso se aplique a cada comunidad indígena sea en función a su propia cosmovisión para tener un desarrollo con respeto pleno a su autonomía”.
Indicó que se trabajará en conjunto y sin tintes partidarios para construir una ley de consulta que responda a las necesidades de este sector tan importante, “que llegará a casi a 13 ó 14 millones de indígenas”.
Lo que importa, subrayó, es darles un instrumento legal a las comunidades indígenas para que tengan desarrollo con identidad y superar el atraso en que se encuentran. “Queremos dar muestra de que tenemos capacidad de hacer a un lado los intereses de partido y entender que hay un bien superior, que es el de los pueblos indígenas”.
Es fundamental, continuó, conocer la opinión y comentarios, experiencia y conocimiento en el tema de los principales actores en esta materia para “estar seguros de que ante la entrada en vigor de este ordenamiento habrá el compromiso para garantizar el ejercicio del derecho contenido en esta ley”.
Adelantó que en febrero se presentará un documento que armonice la actividad de las comunidades indígenas con el Estado mexicano, “que éste conozca cómo son las comunidades indígenas para que cada peso que aplique se vaya perfectamente al desarrollo de estas comunidades y sacarlos del atraso, pero sin perder su cultura”.

FUENTE: Notimex

P1020113 - copia

Fotografía: Paraje cercano a Tuxpan de Bolaños, Municipio de Mezquitic, Jalisco.

EL ACCESO A LA INVERSION EN LOS PUEBLOS INDIGENAS

 

El proyecto del mexicano Francisco Acuña para llevar inversión privada a proyectos de energía sustentable en comunidades indígenas de América Latina (AL) se colocó entre los tres finalistas (Brasil y un consorcio bancario de Latinoamérica) que aspiran a obtener el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la categoría de Inversión Socialmente Responsable, con el objetivo de atraer a inversionistas “verdes” a la región.

Acuña radica entre Estados Unidos y México, y ha viajado por Latinoamérica para conocer las posibilidades que ofrece la región. El proyecto INDI FUND, que encabeza busca romper con el modelo de producción donde “las multinacionales negocian con los indígenas sus tierras y sus recursos, sin hacerlos partícipes, preservando el modelo colonial”.

INDI FUND se define como el primer proyecto que busca “conectar capital internacional con proyectos estratégicos sustentables a través de alianzas con poblaciones indígenas”, a fin de poder llevar recursos económicos (como socios) a las comunidades indígenas para que desarrollen núcleos eco turísticos, plantas hidroeléctricas o de generación de energía eólica.

“No se trata de micro finanzas ni filantropía, sino de proyectos autosustentables que pueden tardar años y puedan crear fondos para la educación de futuras generaciones”, señala el también abogado mexicano.

Fondo educativo

Asegura que no son sólo ganancias para “consumo y servicio”, sino que con el dinero obtenido se pueda crear un fondo educativo que fortalezca su identidad.

“Se ha demostrado que cuando los grupos indígenas han tenido más independencia económica alrededor del mundo y han participado más en proyectos sustentables, esos grupos protegen más su identidad. Ellos cuentan su historia desde su punto de vista, fortalece la identidad el orgullo de ser indígena”, destaca.

Explica que México y América Latina son de las mejores regiones del mundo para producir energía limpia: solar, de viento, de algas, etanol, entre otros: “Ésta es la economía del futuro”.

La creación de energías alternativas debe ser la dirección a la que apuntan los mercados globales, dice.

Detalló que los otros dos proyectos con los que compiten son Sitawi Social Fund de Brasil, una propuesta que busca apoyar a organizaciones sociales en el combate por la selva amazónica, la educación y contra la pobreza en ese país, y MiGroF, que fue presentada por diversos bancos latinoamericanos, que tiene como objetivo “restaurar la capacidad de préstamo de las micro financieras después del impacto de la crisis global”.

Modelo igualitario

Acuña explica que cuando las multinacionales negocian con los gobiernos por las tierras de estas comunidades, “es cuando vienen los machetes y se para la operación, porque los indígenas se sienten invadidos y explotados. No los ven como sus proyectos, no participan en él y al final todos pierden”.

Acuña arguye que esto se debe a la “mentalidad colonial” que aún rige en muchas regiones de Latinoamérica.

La propuesta del BID es la de otorgar un reconocimiento al proyecto que tenga éstas características de responsabilidad social. El público general decidirá con sus votos a través de internet (www.iadb.org) decidirá de forma qué proyecto consigue el reconocimiento.

Para el finalista, el acercamiento a las comunidades y el desarrollo de una confianza mutua es esencial para la vialidad del proyecto.

“En Chile pueden existir proyectos forestales, Sonora es uno de los mejores lugares para proyectos de energía solar, pero se necesita desarrollar la confianza con las comunidades”, asegura.

Dice que los indígenas en Latinoamérica pueden ser pioneros en el tema de energías verdes, pero se les debe ofrecer la oportunidad de ser socios igualitarios, y que para llevar a cabo este proyecto, añade Acuña, se deben encontrar a nuevos inversionistas que no busquen el mayor número de recursos en el corto plazo.

XILITLA 2007 042

Mujeres Nahuas, comunidad de Guadalupe, cercana a Xilitla, S.L.P

DEFENSA DE WIRIKUTA

Que emite el Pueblo Wixárika de los tres Estados Jalisco, Nayarit y Durango representado por las comunidades de Waut´a -San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tutsipa – de los municipios de Mezquitic y Bolaños Jalisco; Tuapurie -Santa Catarina Cuexcomatitlán municipio de Mezquitic, Tatei Kie-San Andrés Cohamiata municipio de Mezquitic, Jalisco; Uweni Muyewe –Bancos de San Hipólito municipio de Mezquital, Durango y la Unión Wixárika de los Estados de Jalisco, Nayarit y Durango.

RECORDANDO que el Pueblo Wixárika desde tiempos inmemoriales acude en peregrinación al lugar sagrado de Wirikuta, recreando una larga ruta que recorrieron nuestros antepasados durante la formación del mundo hasta el lugar donde nació el sol en el semi-desierto de Real de Catorce.

CONSIDERANDO que nuestro rezo en Wirikuta es para que la vida se mantenga para todos y todas los seres vivientes de este planeta, para que nuestra antigua cultura Wixárika se mantenga y no desaparezca, para que se renueven las claves del conocimiento y las velas de la vida que nos dan sentido a nuestra identidad Wixárika.

ANALIZANDO que el Tratado de Libre Comercio de America del Norte y las leyes reglamentarias que se han derivado para favorecer la operación de este neoliberal acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, no han hecho mas que agudizar la guerra de exterminio contra nuestros pueblos indígenas, a través de ordenamientos jurídicos como la Ley de Minería que ha llevado a que nuestros lugares sagrados en el desierto de Real de Catorce hoy sean objeto de 22 concesiones otorgadas a la trasnacional minera First Mejestic Silver de origen canadiense, sumando 6,326 hectáreas concesionadas abarcando nuestros lugares sagrados.

OBSERVANDO que los manantiales sagrados donde recolectamos aguas benditas se encuentra dentro de las cuencas de las venas de plata a explotarse, corriendo un inminente riesgo de contaminación por cianuro y desecamiento por las grandes cantidades de agua que usaría la industria minera, pues el acuífero, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, se encuentra de por sí en un grado de sobreexplotación y la capacidad de recuperarse es muy baja.

CONSIDERANDO que el daño afectaría de manera irreversible a 16 centros de población que se encuentran dentro de la superficie concesionada pertenecientes a 6 Ejidos de la zona, así como numerosas localidades del bajío que sufrirían los efectos negativos sobre las fuentes de agua (desecamiento y contaminación), tal es el caso de El Mastranto, San José de Milpitas, Estación Catorce, Santa Cruz de Carretas, Los Catorce, Las Relaciones, El Barranco, El Garabato, Vigas de Coronado, San Juan de Matanzas, entre otras, sumando aproximadamente 3500 personas que resultarían afectadas.

EVALUANDO que el proyecto minero de First Majestic Silver viola los derechos que tenemos como pueblo reconocidos en el convenio 169 de la OIT; se viola lo establecido en el Programa de Manejo del Área Natural Protegida de Wirikuta, que abarca casi el 70% de la concesión minera y que el Pueblo Wixárika somos parte del consejo de Administración; se incumple lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión integral de los Residuos Peligrosos; no se respetan las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; y la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí; La Ley de Consulta a Pueblos Indígenas del estado de San Luis Potosí; así como una importante cantidad de Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

CONSENSANDO la posición generalizada del pueblo Wixárika através del análisis de esta problemática durante La Asamblea General Ordinaria de la Comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de los municipios de Mezquitic y Bolaños llevada acabo los días 3, 4 y 5 de Septiembre del presente año; La Asamblea Extraordinaria de Bancos de San Hipólito Mezquital, Durango llevada acabo los días 4 y 5 de Septiembre del año vigente; Las reuniones del consejo de ancianos de la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán llevadas acabo los días 5 de Septiembre en la localidad de Las Latas y 11 y 12 de Septiembre del año 2010, llevada acabo en la localidad de Pueblo Nuevo1; Reunión de la Unión Interestatal de Centros Ceremoniales llevado acabo en la comunidad de Uweni Muyewe los días 11 y 12 de Septiembre del presente año; En el Primer Foro de Diálogo sobre la Minería en Wirikuta con la red en defensa de Wirikuta Tamatsima wa’há llevado a cabo en Real de Catorce el día 18 de Septiembre del presente año; La Presente Reunión de Trabajo para el seguimiento al PACTO DE HAUXA MANAKÁ llevada acabo hoy en la cabecera municipal de Mezquitic, Jalisco.

DECLARAMOS LO SIGUIENTE.

  1. Manifestamos nuestro profundo rechazo al proyecto minero de la trasnacional First Majestic Silver en el desierto de Real de Catorce, pues nuestros lugares sagrados son un patrimonio sin precio y de un valor incuantificable para nosotros, nuestros hijos nietos y toda la descendencia Wixárika.
  1. Exigimos la cancelación inmediata de las 22 concesiones mineras en poder de la trasnacional y se fije una moratoria indefinida para que no se expidan nuevos permisos de explotación o exploración en el desierto de Real de Catorce ni en ningún lugar circunvecino a nuestros lugares sagrados.
  1. Comunicamos nuestra fundada preocupación a los habitantes de Wirikuta sobre la contaminación y desecamiento del agua que beben, del incremento en las enfermedades respiratorias, gastrointestinales o incluso cáncer debido a los venenos usado en la minería y el efecto de sus residuos químicos, los invitamos a informarse y organizarse para que no tengan que aceptar esta imposición criminal que llevará a la destrucción de sus tierras de sus paisajes de lo que les dejaron sus abuelos y lo que les dejarán a sus hijos.
  1. Exigimos al Estado Mexicano que de manera inmediata implemente estrategias efectivas que lleven a la mejora de vida de los habitantes de Wirikuta, que sean propuestas armónicas con el medio ambiente, y no propuestas tan destructivas como la de la mina en donde se pone a los campesinos humildes entre la espada y la pared ofreciéndoles un trabajo a cambio de la destrucción de su patrimonio.
  1. Pedimos respetuosamente a las autoridades municipales del H. Ayuntamiento de Real de Catorce que no expida permisos municipales de construcción o de uso de suelo, pues como se dio cuenta la Secretaria General del H. Ayuntamiento que nos acompañó durante el foro de diálogo llevado acabo el 18 de Septiembre en Real de Catorce, la población Wixárika y un importante número de personas del municipio que no desean la mina.
  1. Aclaramos que haremos uso de todos los recursos necesarios para detener este devastador proyecto minero, valiéndonos de recursos jurídicos nacionales e internacionales que están a nuestro favor así como acciones de resistencia civil y pacífica que sean necesarias.

A T E N T A M E N T E

“Por la Reivindicación Integral de Nuestras

Comunidades del Pueblo Wixárika”.

Dada en la Cabecera Municipal de Mezquitic, Jalisco

A 23 de Septiembre de 2010

Autoridades Tradicionales y Agrarias del Pueblo Wixárika

Por la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de los municipio de Mezquitic y Bolaños, Jalisco.

Santiago López Díaz Mauricio Hernández Castañeda

Gobernador Tradicional de Waut´a Gobernador Tradicional de Tutsipa

Ramón González López

Pdte. del Comisariado

José Ángel Díaz Serio

Pdte. del Consejo de Vigilancia

Por la comunidad Indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Mezquitic, Jalisco.

Jaime Carillo Carrillo Juan Ávila De la Cruz

Gobernador Tradicional y Pdte. del Comisariado

Por la comunidad indígena de Bancos de San Hipólito municipio de Mezquital, Durango.

Santos De la Cruz Carrillo

Pdte. del Comisariado

Por la comunidad indígena de San Andrés Cohamiata municipio de Mezquitic, Jalisco.

Mauricio Montellano De la Cruz

Gobernador Tradicional

Por la Unión Wixárika de Jalisco, Nayarit y Durango.

Eleuterio De la Cruz Ramírez y Jaime Carrillo López

Pdte. de la Unión y Pdte. del Consejo de Vigilancia

Testigos de Honor

Ramón Bañuelos Bonilla y Fredy Medina Sánchez

Pdte. Municipal de Mezquitic, Jal y Pdte. Municipal de Huejuquilla el Alto, Jal.

Ing. Guadalupe Flores Flores y José de Jesús Navarro Cárdenas

Delegado Estatal de la CNDPI (Jalisco y Colima) y Visitador de la CEDHJ

Tirzo Navarrete Rodríguez y Roberto López López

Director de la CCDI Mezquitic y Coordinador Regional de la CEI.

J. Carlos Campos Varela

La arqueología es una actitud frente a la vida

DEFENSA DE WIRIKUTA

COSMOVISION / COSMOSENTIMIENTO INDIGENA

Cada grupo humano y cada grupo indígena tienen una cosmovisión particular del mundo y de la naturaleza. De cada cosmovisión se desprende la organización social, familiar, económica, los patrones de consumo y de acumulación. En las comunidades indígenas se da una lógica totalmente diferente en la utilización de los recursos naturales, Sariego, J.L. (1995:85) sostiene que para los Rarámuri, Pimas y Tepehuanes en la sierra de Chihuahua, el hombre es parte de la tierra y debe vivir en comunión con ella, de tal manera que para ellos el desarrollo no puede ser concebido sino a partir de un equilibrio con los recursos del medio.

El uso y la práctica de los diferentes pueblos indígenas con los recursos naturales, involucran una experiencia acumulada, un conocimiento focalizado de su territorio así como las habilidades necesarias para enfrentarse a su cotidianeidad. Hay varios factores imbricados en la cultura de cada pueblo indígena, cada uno de estos factores puede potencializar y favorecer su propio desarrollo; es necesario descubrirlos, analizarlos, fortalecerlos y sustentar en ellos el diseño de los modelos y programas de atención, de esta manera las acciones implementadas resultarán más eficaces, porque se tomará en cuenta a las verdaderas potencialidades de la realidad indígena, que son su esencia y que, hasta hoy, han sido habitualmente escamoteadas en los discursos indigenistas, pero finalmente ignoradas.

FUENTE: Tesis MDR-UAM-X, Ángel Espinoza, abril 2009.

P1020151

FOTOGRAFIA: En un paraje cercano a Tuxpan de Bolaños, Mezquitic, Jalisco.

DESARROLLO DIFERENCIAL EN COMUNIDADES INDIGENAS

Varios autores coinciden en que es necesario un cambio en la concepción sobre el desarrollo en comunidades indígenas y reconocen que no es un proceso lineal y estático, sino multidimensional y complejo; se destaca la importancia del conocimiento tradicional y de los saberes indígenas, los cuales son factores que están tejidos con la cultura, la identidad, el territorio y el imaginario colectivo de una región, estas variables representan las bases desde donde puede germinar una metodología diferente para poder diseñar un modelo de desarrollo local/regional para y con los pueblos y comunidades indígenas.

En este sentido, el marco conceptual y la metodología del modelo deben integrar todos aquellos aspectos concernientes con el conocimiento tradicional y el saber indígena, destacando los ámbitos social, económico y ambiental, para construir un modelo con y a partir de las comunidades indígenas; encontrar conjuntamente los senderos al desarrollo de las comunidades, con estrategias orientadas a potencializar las ventajas que les ofrecen sus recursos naturales y su cultura. Esta perspectiva es primordial para coadyuvar en la identificación y planteamiento de propuestas metodológicas en la construcción de modelos de desarrollo con y desde el sujeto. El modelo debe considerar el aprovechamiento productivo de los recursos naturales con respeto al medio ambiente y la cultura de cada región, el aprovechamiento integral y equilibrado de los recursos naturales, representa una viabilidad y una solución a la problemática económica de estos actores sociales, por otra parte, el modelo debe procurar una inclusión más benévola de los pueblos indios en el proceso de globalización; de tal manera que los beneficios sean mayores a los generados por los actuales modelo de atención indigenista.

Después de décadas de indigenismo y de tutela del Estado, existe ya en la colectividad de los pueblos indígenas, una conciencia clara de que es necesario comenzar a construir un nuevo modelo de atención que contenga los elementos necesarios para comenzar a planear de manera más sólida su propio desarrollo. En este sentido, los pueblos y comunidades indígenas son capaces de generar un modelo de desarrollo socialmente concertado entre el Estado y la sociedad civil.

Los pueblos y comunidades indígenas de México tienen las dos ventajas fundamentales para salir de la pobreza y la exclusión social: Capital social o conocimiento tradicional y acceso a los recursos naturales.

Los conocimientos tradicionales o comunitarios han sido considerados como no saberes. No obstante, estos conocimientos les han permitido a los pueblos indios conservarse culturalmente y establecer un sistema de vida sobre territorios determinados y organizar la vida en comunidad. Los pueblos indios han sabido preservar las principales características de su identidad, adaptarlas a los sucesivos tiempos y hacer que perduren sus conocimientos sobre el territorio y el tejido social comunitario. Los saberes indios son saberes sobre la práctica legitimados por el uso y la aplicación en regiones determinadas. Los saberes regionalmente validados han permitido la pervivencia y el establecimiento de culturas indígenas específicas. Se puede decir que se trata de saberes endémicos, y colectivos para habitar los territorios de una manera culturalmente posible. De ahí que el desarrollo en las comunidades indígenas tiene a su disposición una reserva de saberes propios con los cuales establecer otros modelos y propuestas alternativos de atención regional.

Los saberes comunitarios son conocimientos de alta pertinencia para las regiones donde se asientan los pueblos indígenas, toda vez que aglutinan la suma de la experiencia, la que se acrecienta de una generación a otra y que ha demostrado su funcionalidad para la resolución de los problemas a que se enfrentan los pueblos indígenas. Los saberes de los pueblos indios se producen, operan y socializan a través de las prácticas colectivamente asumidas dentro de grupos sociales específicos. Cada pueblo indígena es el resultado de sus propias prácticas con el entorno, son el conjunto de prácticas culturales y de conocimientos tradicionales los que fortalecen la identidad de cada pueblo indígena.

En este sentido, es importante considerar el uso de las técnicas y del conocimiento tradicional, toda vez que no necesariamente los cambios tecnológicos que se fomentan con los modelos o programas de desarrollo occidental, impactarán de manera favorable a las organizaciones indígenas beneficiarias; en este sentido, los rasgos culturales de los grupos domésticos, como son la estructura, la ocupación de sus miembros, sus redes internas de apoyo, así como sus formas de acceso a los recursos, resultan ser fundamentales cuando se fomenta un proyecto que implica un cambio tecnológico.

Ante la embestida del desarrollo tecnológico, los pueblos y comunidades indígenas han conservado durante décadas sus procesos de producción tradicional, esto es fundamental en la conceptualización o diseño del modelo de atención, porque las nuevas tecnologías se ensayan y se desarrollan en estaciones experimentales en donde no están presentes las variables socio-culturales que permitan determinar el impacto, las condiciones y las limitaciones de estas variables.

En lo que respecta a los recursos naturales, los pueblos y comunidades indígenas, están asentados en las regiones de mayor biodiversidad existente en el país, lo cual garantiza un acceso casi ilimitado a los recursos regionales.

28

Fotografía: Comunidad Pame cercana a Cárdenas SLP

Anteriores Entradas antiguas

A %d blogueros les gusta esto: